Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la autorización para que Finco Pay opere como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), en cumplimiento con lo establecido en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech.
Con ello, la firma se convierte en la segunda en obtener esta autorización en lo que va del 2025 y en la número 87 de este sector en contar con el aval oficial.
De acuerdo con el documento oficial, Finco Pay presentó su solicitud el 28 de octubre del 2023, por lo que el proceso de autorización tomó 566 días (un año, seis meses y 19 días), un plazo que se encuentra por debajo del promedio actual, que asciende a 809 días para todas las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) que atravesaron el proceso regulatorio.
“Los miembros del Comité Interinstitucional, de conformidad con los artículos 11 y 35 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, acordaron por unanimidad se otorgue la autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Finco Pay”, se puede leer en el oficio.
Actualmente, Finco Pay cuenta con conexión directa al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México, según el monitor del propio banco central, y mantiene una alianza estratégica con Monato, firma especializada en infraestructura financiera.
Con esta aprobación, el universo regulado por la Ley Fintech se compone de 59 IFPEs y 27 Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC).
En lo que va del 2025, solo se han autorizado dos Instituciones de Tecnología Financiera (ITFs), una cifra que contrasta con las 10 autorizaciones otorgadas en todo el 2024 y las 30 registradas en el 2023. Esta tendencia refleja una disminución sostenida en el ritmo de aprobaciones en comparación con los primeros años posteriores a la entrada en vigor de la Ley Fintech, en el 2018.
Esta tendencia ocurre en un contexto donde, tras la promulgación de la ley, numerosas empresas ya establecidas en el mercado buscaron regularizar su situación, lo que impulsó inicialmente un número significativo en el número de solicitudes.
Además, hasta el 10 de marzo del 2025, solo se había presentado una solicitud para constituir una nueva ITF, lo que confirma la desaceleración en el interés por ingresar al sector bajo este esquema regulado.
Según datos obtenidos vía solicitudes de información, durante el 2024 se registraron 13 solicitudes de autorización, cifra similar a la del 2023, con 15. En el 2022 se contabilizaron 27, en el 2021 fueron 16 y en el 2020, 15. El mayor pico de interés se registró en el 2019, con un total de 96 solicitudes, apenas un año después de la entrada en vigor de la legislación.
Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la autorización para que Finco Pay opere como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), en cumplimiento con lo establecido en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech.
Con ello, la firma se convierte en la segunda en obtener esta autorización en lo que va del 2025 y en la número 87 de este sector en contar con el aval oficial.
De acuerdo con el documento oficial, Finco Pay presentó su solicitud el 28 de octubre del 2023, por lo que el proceso de autorización tomó 566 días (un año, seis meses y 19 días), un plazo que se encuentra por debajo del promedio actual, que asciende a 809 días para todas las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) que atravesaron el proceso regulatorio.
“Los miembros del Comité Interinstitucional, de conformidad con los artículos 11 y 35 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, acordaron por unanimidad se otorgue la autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Finco Pay”, se puede leer en el oficio.
Actualmente, Finco Pay cuenta con conexión directa al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México, según el monitor del propio banco central, y mantiene una alianza estratégica con Monato, firma especializada en infraestructura financiera.
Con esta aprobación, el universo regulado por la Ley Fintech se compone de 59 IFPEs y 27 Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC).
En lo que va del 2025, solo se han autorizado dos Instituciones de Tecnología Financiera (ITFs), una cifra que contrasta con las 10 autorizaciones otorgadas en todo el 2024 y las 30 registradas en el 2023. Esta tendencia refleja una disminución sostenida en el ritmo de aprobaciones en comparación con los primeros años posteriores a la entrada en vigor de la Ley Fintech, en el 2018.
Esta tendencia ocurre en un contexto donde, tras la promulgación de la ley, numerosas empresas ya establecidas en el mercado buscaron regularizar su situación, lo que impulsó inicialmente un número significativo en el número de solicitudes.
Además, hasta el 10 de marzo del 2025, solo se había presentado una solicitud para constituir una nueva ITF, lo que confirma la desaceleración en el interés por ingresar al sector bajo este esquema regulado.
Según datos obtenidos vía solicitudes de información, durante el 2024 se registraron 13 solicitudes de autorización, cifra similar a la del 2023, con 15. En el 2022 se contabilizaron 27, en el 2021 fueron 16 y en el 2020, 15. El mayor pico de interés se registró en el 2019, con un total de 96 solicitudes, apenas un año después de la entrada en vigor de la legislación.
Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la autorización para que Finco Pay opere como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), en cumplimiento con lo establecido en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech.
Con ello, la firma se convierte en la segunda en obtener esta autorización en lo que va del 2025 y en la número 87 de este sector en contar con el aval oficial.
De acuerdo con el documento oficial, Finco Pay presentó su solicitud el 28 de octubre del 2023, por lo que el proceso de autorización tomó 566 días (un año, seis meses y 19 días), un plazo que se encuentra por debajo del promedio actual, que asciende a 809 días para todas las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) que atravesaron el proceso regulatorio.
“Los miembros del Comité Interinstitucional, de conformidad con los artículos 11 y 35 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, acordaron por unanimidad se otorgue la autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Finco Pay”, se puede leer en el oficio.
Actualmente, Finco Pay cuenta con conexión directa al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México, según el monitor del propio banco central, y mantiene una alianza estratégica con Monato, firma especializada en infraestructura financiera.
Con esta aprobación, el universo regulado por la Ley Fintech se compone de 59 IFPEs y 27 Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC).
En lo que va del 2025, solo se han autorizado dos Instituciones de Tecnología Financiera (ITFs), una cifra que contrasta con las 10 autorizaciones otorgadas en todo el 2024 y las 30 registradas en el 2023. Esta tendencia refleja una disminución sostenida en el ritmo de aprobaciones en comparación con los primeros años posteriores a la entrada en vigor de la Ley Fintech, en el 2018.
Esta tendencia ocurre en un contexto donde, tras la promulgación de la ley, numerosas empresas ya establecidas en el mercado buscaron regularizar su situación, lo que impulsó inicialmente un número significativo en el número de solicitudes.
Además, hasta el 10 de marzo del 2025, solo se había presentado una solicitud para constituir una nueva ITF, lo que confirma la desaceleración en el interés por ingresar al sector bajo este esquema regulado.
Según datos obtenidos vía solicitudes de información, durante el 2024 se registraron 13 solicitudes de autorización, cifra similar a la del 2023, con 15. En el 2022 se contabilizaron 27, en el 2021 fueron 16 y en el 2020, 15. El mayor pico de interés se registró en el 2019, con un total de 96 solicitudes, apenas un año después de la entrada en vigor de la legislación.
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