Ayer martes 6 de octubre, el Ministerio de Hacienda presentó la nueva “política pública para el desarrollo financiero 2020-2025.” Una agenda con más de 70 acciones que plantean dinamizar el mercado de capitales, modernizar la industria de pagos y apoyar la reactivación económica del país, y que tiene como objetivos:

• Promover la transformación eficiente del ahorro y la inversión 
• Fomentar la inclusión financiera digital
• Consolidar la seguridad y estabilidad financiera 
• Impulsar el acceso a un sistema de pagos inclusivo, eficiente y seguro
• Fortalecer el marco institucional

Para la consecución de varios de estos objetivos el documento sostiene la necesidad de hacer algunos ajustes al marco legal y reglamentario existente. Por lo tanto, en los próximos meses el MinHacienda presentará al Congreso de la República un Proyecto de Ley denominado “Ley del sistema de pagos y del mercado de capitales” con los siguientes cambios relevantes:

Novedades del proyecto de ley

• Unificación de la regulación del sistema de pagos en cabeza del Banco de la República. Aunque el documento no detalla en qué consiste esta unificación, la política afirma que en coordinación con BanRep y la SFC, se revisará el modelo de intervención del Estado frente al sistema de pagos, su arquitectura y regulación y determinará los ajustes legales, reglamentarios y funcionales requeridos para ampliar las facultades de intervención al contexto actual de innovación y digitalización de la economía. Esto permitirá contar con una visión integral del sistema a la vez que garantizará una intervención mucho más eficiente por parte del Estado en el desarrollo del mercado de pagos. Cabe recordar que esto se alinea con la expedición del decreto de modernización de sistemas de pagos de bajo valor.
• Modelo de intervención funcional para la profundización del mercado de capitales. Se propondrá ampliar las facultades de intervención para el mercado desintermediado, de manera que el Gobierno pueda modificar las actividades de las licencias existentes y autorizar la ejecución de actividades nuevas o vigentes en el mercado a actores nuevos o ya consolidados. 
• Adopción de un nuevo esquema de licenciamiento modular y fijación de capitales mínimos para el mercado de capitales. Se propondrá al Congreso otorgar facultades al Gobierno para determinar el capital mínimo requerido para el desarrollo de estas actividades. Con ello, se reglamentará las características generales del licenciamiento modular con el fin de determinar que las actividades y operaciones autorizadas sean proporcionales a los parámetros patrimoniales técnicos, prudenciales y de solvencia, los cuales deberán ser definidos en consideración a la naturaleza de sus actividades. Esto será fundamental para la introducción de nuevas WealthTechs en el mercado que quieran hacer distribución, administración o custodia de valores de manera independiente.
• Actualización del marco jurídico de la industria aseguradora: régimen patrimonial, reservas, inhabilidades, alcance de la actividad aseguradora, requerimientos de capital de los corredores de seguros, proceso de constitución de los corredores de reaseguros y mayores disposiciones prudenciales para entidades afianzadoras. Esta actualización será fundamental para la activación del ecosistema Insurtech en Colombia.
• Adopción de un esquema regulatorio más flexible para la administración de activos de terceros, basado en principios, gestión de riesgos y estándares de gobierno corporativo.
• Finalmente, el proyecto también incluirá cambios relacionados al Fonpet, tesorerías públicas, régimen de inversiones, rentabilidad mínima y reserva de estabilización de los fondos de pensiones, enajenación y democratización de participaciones estatales y holding financieros, rediseño de la Unidad de Regulación Financiera y mayores facultades jurisdiccionales para la Superfinanciera.
  

Otras iniciativas Fintech en la política pública

Por otro lado, el Gobierno, por intermedio de la URF y de la SFC, impulsará su capacidad regulatoria y su labor de supervisión para desarrollar distintas iniciativas para activar más ecosistemas de innovación en las diferentes capas del sistema financiero, y que puedan instrumentalizarse a nivel de decretos reglamentarios y circulares como:

1. Sandbox regional: se propondrá avanzar en un marco normativo propicio para la escalabilidad de la operación de empresas Fintech en la región a partir de principios regulatorios similares. Allí se evaluará la posibilidad de estructurar una iniciativa de sandbox regulatorio de la región, partiendo de los avances de cada uno de los países y con el apoyo técnico del BID. En la definición de estas acciones y metas, será clave la participación de la industria. En América Latina, México, Brasil, Colombia y Perú son los únicos países con iniciativas de regímenes especiales para modelos novedosos.
2. Open Finance: se realizarán esfuerzos para implementar una arquitectura financiera abierta de forma voluntaria y escalonada en el sistema. Con el fin de acompañar a la industria en esta implementación, se promoverán pruebas piloto en el marco del sandbox regulatorio, que se reglamentó hace unos días, con el fin de garantizar una adopción ordenada de este estándar. En América Latina, México es el único país en la región que ha definido estándares de Open Finance.
3. Portabilidad financiera: se explorará las diferentes aproximaciones regulatorias y prácticas de mercado para implementar el concepto de portabilidad financiera, promoviendo la innovación y modernizando el marco regulatorio de los servicios financieros, con el fin de dotar a los consumidores de mejores herramientas para la toma de decisiones y mejorando su experiencia con las entidades financieras. En América Latina, Chile es el único país con una iniciativa vigente para el acceso a la portabilidad financiera por parte de los consumidores.