.png)
Durante la última década, la transformación financiera en América Latina se ha explicado principalmente a través de la expansión del ecosistema Fintech. Nuevas billeteras digitales, plataformas de pagos, soluciones de crédito alternativo y modelos embedded han redefinido la relación de millones de personas con el sistema financiero. Sin embargo, detrás de ese crecimiento visible se está produciendo un cambio menos evidente pero más estructural, la infraestructura financiera de la región está siendo forzada a rediseñarse para soportar un ecosistema mucho más diverso, distribuido y exigente que el de hace diez años.
Los datos lo confirman. De acuerdo con reportes regionales, América Latina supera hoy las 3.000 empresas Fintech activas en 26 países, un crecimiento de más del 340 % frente a 2017. Este aumento no solo refleja innovación, sino una presión directa sobre los sistemas financieros tradicionales, que ya no operan únicamente para grandes bancos, sino para cientos de nuevos actores con modelos, volúmenes y necesidades técnicas muy distintas.
Este crecimiento acelerado ha puesto en evidencia una tensión central: gran parte de la infraestructura financiera regional fue diseñada para un ecosistema concentrado, con pocos actores dominantes, integraciones cerradas y ciclos de cambio lentos. Ese modelo comienza a mostrar límites cuando se enfrenta a un entorno donde conviven bancos, Fintechs, cooperativas, billeteras, agregadores y plataformas tecnológicas, todos conectados a los mismos flujos financieros.
Las cooperativas financieras ocupan un lugar particularmente revelador dentro de este proceso. De acuerdo con datos compilados por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU) y sus redes regionales, decenas de millones de personas en América Latina acceden a servicios financieros a través de cooperativas. Estas instituciones operan bajo regulación formal, con fuerte arraigo territorial, márgenes operativos ajustados y niveles de madurez tecnológica muy variados. En la práctica, funcionan como un caso límite para cualquier sistema financiero: si una arquitectura puede operar de forma eficiente para cooperativas, probablemente pueda hacerlo para el resto del ecosistema. El problema es que muchas no están diseñadas para eso.
La expansión de pagos digitales y transferencias electrónicas ha sido uno de los principales detonantes de esta tensión. Datos del Banco Mundial muestran que los sistemas de pagos instantáneos en economías emergentes están creciendo a tasas superiores al 30 % anual, impulsados por iniciativas públicas y privadas orientadas a reducir el uso de efectivo y aumentar la eficiencia económica. Sin embargo, la existencia de rieles rápidos no garantiza un sistema funcional si las instituciones no pueden integrarse de forma simple, segura y sostenible.
Aquí es donde la experiencia de cooperativas y Fintechs converge. Muchas de ellas nacen con arquitecturas modernas, API-first y escalables por diseño. Las cooperativas, en cambio, suelen operar sobre infraestructuras heredadas que fueron suficientes en un entorno más estable, pero que hoy enfrentan serias limitaciones para integrarse con nuevos actores, cumplir con estándares de interoperabilidad o sostener operación continua sin fricción.
El resultado es una barrera estructural: integraciones punto a punto costosas, dependencia de proveedores cerrados y una complejidad técnica que crece más rápido que la capacidad operativa de las instituciones. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo han señalado que los costos de integración tecnológica y la rigidez de los sistemas son uno de los principales obstáculos para que actores pequeños y medianos participen plenamente en el sistema financiero formal.
Este fenómeno ha generado una demanda silenciosa pero consistente por infraestructuras más abiertas, modulares y estandarizadas. No como una preferencia tecnológica, sino como una necesidad operativa. La interoperabilidad deja de ser un diferenciador cuando es la única forma de permitir que múltiples instituciones como Fintechs, cooperativas, bancos y nuevos jugadores, operen sobre los mismos flujos financieros sin fragmentar el sistema.
La presión también se extiende al plano operativo. A medida que más usuarios dependen de servicios digitales para su actividad cotidiana, la tolerancia a interrupciones se reduce de forma drástica. En instituciones con una relación directa con comunidades locales, una caída del sistema no es solo un incidente técnico, sino una ruptura de confianza. Esto eleva el estándar de disponibilidad, resiliencia y monitoreo para todo el ecosistema, no únicamente para los actores más grandes.
Desde esta perspectiva, la infraestructura financiera deja de ser neutral. La arquitectura define quién puede participar, a qué costo y bajo qué condiciones. Sistemas cerrados, rígidos o difíciles de integrar tienden a excluir a instituciones más pequeñas, mientras que infraestructuras abiertas y escalables reducen barreras de entrada y permiten que más actores regulados formen parte del sistema financiero digital.
Es en este punto donde la mirada de los proveedores de infraestructura adquiere relevancia estratégica. Más allá de productos específicos, el debate se centra en cómo diseñar plataformas capaces de operar con múltiples actores, distintos niveles de madurez tecnológica y marcos regulatorios exigentes, sin sacrificar estabilidad ni control.
En la práctica, avanzar hacia infraestructuras abiertas no significa solo modernizar tecnología, sino redefinir la lógica de operación del sistema financiero. Un ejemplo concreto es el de COONECTA, la red transaccional que articula a decenas de cooperativas en Ecuador. Frente a un entorno marcado por sistemas heredados y arquitecturas fragmentadas, COONECTA emprendió un proceso de modernización apoyado en BPC como socio tecnológico, consolidando emisión, adquirencia y canales digitales sobre una plataforma común. Este rediseño permitió reducir la complejidad operativa y habilitar servicios que antes eran inviables para muchas instituciones afiliadas.
El impacto de este tipo de transformación va más allá de la eficiencia interna. En el caso de COONECTA, una infraestructura integrada hizo posible extender pagos digitales, billeteras y aceptación a comercios en zonas donde históricamente ha predominado el efectivo, al tiempo que igualó el acceso tecnológico entre cooperativas de distinto tamaño. El caso ilustra cómo una arquitectura modular y escalable puede funcionar como un habilitador sistémico: reduce barreras de entrada, acelera la innovación y permite que actores regulados, pero tradicionalmente rezagados, participen plenamente en los flujos financieros digitales sin fragmentar el sistema.
“La verdadera transformación ocurre cuando la infraestructura deja de ser un obstáculo y se convierte en un habilitador común para todos los actores del sistema. En redes cooperativas como COONECTA, una arquitectura integrada y modular permite escalar servicios digitales sin fragmentar la operación ni sacrificar control, cumplimiento o sostenibilidad”, señala Santiago Molina, Country Manager de BPC en Ecuador.
La experiencia acumulada en América Latina sugiere que el futuro del sistema financiero regional no se definirá únicamente por la velocidad de adopción de nuevas soluciones Fintech, sino por la capacidad de construir infraestructuras que soporten diversidad, escala y resiliencia de forma simultánea.
En este contexto, las cooperativas no representan un segmento marginal ni un caso particular. Funcionan como uno de los mejores indicadores de si la infraestructura financiera de la región está evolucionando hacia un modelo verdaderamente inclusivo y sostenible, o si continúa replicando estructuras pensadas para un ecosistema que ya no existe.
Durante la última década, la transformación financiera en América Latina se ha explicado principalmente a través de la expansión del ecosistema Fintech. Nuevas billeteras digitales, plataformas de pagos, soluciones de crédito alternativo y modelos embedded han redefinido la relación de millones de personas con el sistema financiero. Sin embargo, detrás de ese crecimiento visible se está produciendo un cambio menos evidente pero más estructural, la infraestructura financiera de la región está siendo forzada a rediseñarse para soportar un ecosistema mucho más diverso, distribuido y exigente que el de hace diez años.
Los datos lo confirman. De acuerdo con reportes regionales, América Latina supera hoy las 3.000 empresas Fintech activas en 26 países, un crecimiento de más del 340 % frente a 2017. Este aumento no solo refleja innovación, sino una presión directa sobre los sistemas financieros tradicionales, que ya no operan únicamente para grandes bancos, sino para cientos de nuevos actores con modelos, volúmenes y necesidades técnicas muy distintas.
Este crecimiento acelerado ha puesto en evidencia una tensión central: gran parte de la infraestructura financiera regional fue diseñada para un ecosistema concentrado, con pocos actores dominantes, integraciones cerradas y ciclos de cambio lentos. Ese modelo comienza a mostrar límites cuando se enfrenta a un entorno donde conviven bancos, Fintechs, cooperativas, billeteras, agregadores y plataformas tecnológicas, todos conectados a los mismos flujos financieros.
Las cooperativas financieras ocupan un lugar particularmente revelador dentro de este proceso. De acuerdo con datos compilados por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU) y sus redes regionales, decenas de millones de personas en América Latina acceden a servicios financieros a través de cooperativas. Estas instituciones operan bajo regulación formal, con fuerte arraigo territorial, márgenes operativos ajustados y niveles de madurez tecnológica muy variados. En la práctica, funcionan como un caso límite para cualquier sistema financiero: si una arquitectura puede operar de forma eficiente para cooperativas, probablemente pueda hacerlo para el resto del ecosistema. El problema es que muchas no están diseñadas para eso.
La expansión de pagos digitales y transferencias electrónicas ha sido uno de los principales detonantes de esta tensión. Datos del Banco Mundial muestran que los sistemas de pagos instantáneos en economías emergentes están creciendo a tasas superiores al 30 % anual, impulsados por iniciativas públicas y privadas orientadas a reducir el uso de efectivo y aumentar la eficiencia económica. Sin embargo, la existencia de rieles rápidos no garantiza un sistema funcional si las instituciones no pueden integrarse de forma simple, segura y sostenible.
Aquí es donde la experiencia de cooperativas y Fintechs converge. Muchas de ellas nacen con arquitecturas modernas, API-first y escalables por diseño. Las cooperativas, en cambio, suelen operar sobre infraestructuras heredadas que fueron suficientes en un entorno más estable, pero que hoy enfrentan serias limitaciones para integrarse con nuevos actores, cumplir con estándares de interoperabilidad o sostener operación continua sin fricción.
El resultado es una barrera estructural: integraciones punto a punto costosas, dependencia de proveedores cerrados y una complejidad técnica que crece más rápido que la capacidad operativa de las instituciones. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo han señalado que los costos de integración tecnológica y la rigidez de los sistemas son uno de los principales obstáculos para que actores pequeños y medianos participen plenamente en el sistema financiero formal.
Este fenómeno ha generado una demanda silenciosa pero consistente por infraestructuras más abiertas, modulares y estandarizadas. No como una preferencia tecnológica, sino como una necesidad operativa. La interoperabilidad deja de ser un diferenciador cuando es la única forma de permitir que múltiples instituciones como Fintechs, cooperativas, bancos y nuevos jugadores, operen sobre los mismos flujos financieros sin fragmentar el sistema.
La presión también se extiende al plano operativo. A medida que más usuarios dependen de servicios digitales para su actividad cotidiana, la tolerancia a interrupciones se reduce de forma drástica. En instituciones con una relación directa con comunidades locales, una caída del sistema no es solo un incidente técnico, sino una ruptura de confianza. Esto eleva el estándar de disponibilidad, resiliencia y monitoreo para todo el ecosistema, no únicamente para los actores más grandes.
Desde esta perspectiva, la infraestructura financiera deja de ser neutral. La arquitectura define quién puede participar, a qué costo y bajo qué condiciones. Sistemas cerrados, rígidos o difíciles de integrar tienden a excluir a instituciones más pequeñas, mientras que infraestructuras abiertas y escalables reducen barreras de entrada y permiten que más actores regulados formen parte del sistema financiero digital.
Es en este punto donde la mirada de los proveedores de infraestructura adquiere relevancia estratégica. Más allá de productos específicos, el debate se centra en cómo diseñar plataformas capaces de operar con múltiples actores, distintos niveles de madurez tecnológica y marcos regulatorios exigentes, sin sacrificar estabilidad ni control.
En la práctica, avanzar hacia infraestructuras abiertas no significa solo modernizar tecnología, sino redefinir la lógica de operación del sistema financiero. Un ejemplo concreto es el de COONECTA, la red transaccional que articula a decenas de cooperativas en Ecuador. Frente a un entorno marcado por sistemas heredados y arquitecturas fragmentadas, COONECTA emprendió un proceso de modernización apoyado en BPC como socio tecnológico, consolidando emisión, adquirencia y canales digitales sobre una plataforma común. Este rediseño permitió reducir la complejidad operativa y habilitar servicios que antes eran inviables para muchas instituciones afiliadas.
El impacto de este tipo de transformación va más allá de la eficiencia interna. En el caso de COONECTA, una infraestructura integrada hizo posible extender pagos digitales, billeteras y aceptación a comercios en zonas donde históricamente ha predominado el efectivo, al tiempo que igualó el acceso tecnológico entre cooperativas de distinto tamaño. El caso ilustra cómo una arquitectura modular y escalable puede funcionar como un habilitador sistémico: reduce barreras de entrada, acelera la innovación y permite que actores regulados, pero tradicionalmente rezagados, participen plenamente en los flujos financieros digitales sin fragmentar el sistema.
“La verdadera transformación ocurre cuando la infraestructura deja de ser un obstáculo y se convierte en un habilitador común para todos los actores del sistema. En redes cooperativas como COONECTA, una arquitectura integrada y modular permite escalar servicios digitales sin fragmentar la operación ni sacrificar control, cumplimiento o sostenibilidad”, señala Santiago Molina, Country Manager de BPC en Ecuador.
La experiencia acumulada en América Latina sugiere que el futuro del sistema financiero regional no se definirá únicamente por la velocidad de adopción de nuevas soluciones Fintech, sino por la capacidad de construir infraestructuras que soporten diversidad, escala y resiliencia de forma simultánea.
En este contexto, las cooperativas no representan un segmento marginal ni un caso particular. Funcionan como uno de los mejores indicadores de si la infraestructura financiera de la región está evolucionando hacia un modelo verdaderamente inclusivo y sostenible, o si continúa replicando estructuras pensadas para un ecosistema que ya no existe.
Durante la última década, la transformación financiera en América Latina se ha explicado principalmente a través de la expansión del ecosistema Fintech. Nuevas billeteras digitales, plataformas de pagos, soluciones de crédito alternativo y modelos embedded han redefinido la relación de millones de personas con el sistema financiero. Sin embargo, detrás de ese crecimiento visible se está produciendo un cambio menos evidente pero más estructural, la infraestructura financiera de la región está siendo forzada a rediseñarse para soportar un ecosistema mucho más diverso, distribuido y exigente que el de hace diez años.
Los datos lo confirman. De acuerdo con reportes regionales, América Latina supera hoy las 3.000 empresas Fintech activas en 26 países, un crecimiento de más del 340 % frente a 2017. Este aumento no solo refleja innovación, sino una presión directa sobre los sistemas financieros tradicionales, que ya no operan únicamente para grandes bancos, sino para cientos de nuevos actores con modelos, volúmenes y necesidades técnicas muy distintas.
Este crecimiento acelerado ha puesto en evidencia una tensión central: gran parte de la infraestructura financiera regional fue diseñada para un ecosistema concentrado, con pocos actores dominantes, integraciones cerradas y ciclos de cambio lentos. Ese modelo comienza a mostrar límites cuando se enfrenta a un entorno donde conviven bancos, Fintechs, cooperativas, billeteras, agregadores y plataformas tecnológicas, todos conectados a los mismos flujos financieros.
Las cooperativas financieras ocupan un lugar particularmente revelador dentro de este proceso. De acuerdo con datos compilados por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU) y sus redes regionales, decenas de millones de personas en América Latina acceden a servicios financieros a través de cooperativas. Estas instituciones operan bajo regulación formal, con fuerte arraigo territorial, márgenes operativos ajustados y niveles de madurez tecnológica muy variados. En la práctica, funcionan como un caso límite para cualquier sistema financiero: si una arquitectura puede operar de forma eficiente para cooperativas, probablemente pueda hacerlo para el resto del ecosistema. El problema es que muchas no están diseñadas para eso.
La expansión de pagos digitales y transferencias electrónicas ha sido uno de los principales detonantes de esta tensión. Datos del Banco Mundial muestran que los sistemas de pagos instantáneos en economías emergentes están creciendo a tasas superiores al 30 % anual, impulsados por iniciativas públicas y privadas orientadas a reducir el uso de efectivo y aumentar la eficiencia económica. Sin embargo, la existencia de rieles rápidos no garantiza un sistema funcional si las instituciones no pueden integrarse de forma simple, segura y sostenible.
Aquí es donde la experiencia de cooperativas y Fintechs converge. Muchas de ellas nacen con arquitecturas modernas, API-first y escalables por diseño. Las cooperativas, en cambio, suelen operar sobre infraestructuras heredadas que fueron suficientes en un entorno más estable, pero que hoy enfrentan serias limitaciones para integrarse con nuevos actores, cumplir con estándares de interoperabilidad o sostener operación continua sin fricción.
El resultado es una barrera estructural: integraciones punto a punto costosas, dependencia de proveedores cerrados y una complejidad técnica que crece más rápido que la capacidad operativa de las instituciones. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo han señalado que los costos de integración tecnológica y la rigidez de los sistemas son uno de los principales obstáculos para que actores pequeños y medianos participen plenamente en el sistema financiero formal.
Este fenómeno ha generado una demanda silenciosa pero consistente por infraestructuras más abiertas, modulares y estandarizadas. No como una preferencia tecnológica, sino como una necesidad operativa. La interoperabilidad deja de ser un diferenciador cuando es la única forma de permitir que múltiples instituciones como Fintechs, cooperativas, bancos y nuevos jugadores, operen sobre los mismos flujos financieros sin fragmentar el sistema.
La presión también se extiende al plano operativo. A medida que más usuarios dependen de servicios digitales para su actividad cotidiana, la tolerancia a interrupciones se reduce de forma drástica. En instituciones con una relación directa con comunidades locales, una caída del sistema no es solo un incidente técnico, sino una ruptura de confianza. Esto eleva el estándar de disponibilidad, resiliencia y monitoreo para todo el ecosistema, no únicamente para los actores más grandes.
Desde esta perspectiva, la infraestructura financiera deja de ser neutral. La arquitectura define quién puede participar, a qué costo y bajo qué condiciones. Sistemas cerrados, rígidos o difíciles de integrar tienden a excluir a instituciones más pequeñas, mientras que infraestructuras abiertas y escalables reducen barreras de entrada y permiten que más actores regulados formen parte del sistema financiero digital.
Es en este punto donde la mirada de los proveedores de infraestructura adquiere relevancia estratégica. Más allá de productos específicos, el debate se centra en cómo diseñar plataformas capaces de operar con múltiples actores, distintos niveles de madurez tecnológica y marcos regulatorios exigentes, sin sacrificar estabilidad ni control.
En la práctica, avanzar hacia infraestructuras abiertas no significa solo modernizar tecnología, sino redefinir la lógica de operación del sistema financiero. Un ejemplo concreto es el de COONECTA, la red transaccional que articula a decenas de cooperativas en Ecuador. Frente a un entorno marcado por sistemas heredados y arquitecturas fragmentadas, COONECTA emprendió un proceso de modernización apoyado en BPC como socio tecnológico, consolidando emisión, adquirencia y canales digitales sobre una plataforma común. Este rediseño permitió reducir la complejidad operativa y habilitar servicios que antes eran inviables para muchas instituciones afiliadas.
El impacto de este tipo de transformación va más allá de la eficiencia interna. En el caso de COONECTA, una infraestructura integrada hizo posible extender pagos digitales, billeteras y aceptación a comercios en zonas donde históricamente ha predominado el efectivo, al tiempo que igualó el acceso tecnológico entre cooperativas de distinto tamaño. El caso ilustra cómo una arquitectura modular y escalable puede funcionar como un habilitador sistémico: reduce barreras de entrada, acelera la innovación y permite que actores regulados, pero tradicionalmente rezagados, participen plenamente en los flujos financieros digitales sin fragmentar el sistema.
“La verdadera transformación ocurre cuando la infraestructura deja de ser un obstáculo y se convierte en un habilitador común para todos los actores del sistema. En redes cooperativas como COONECTA, una arquitectura integrada y modular permite escalar servicios digitales sin fragmentar la operación ni sacrificar control, cumplimiento o sostenibilidad”, señala Santiago Molina, Country Manager de BPC en Ecuador.
La experiencia acumulada en América Latina sugiere que el futuro del sistema financiero regional no se definirá únicamente por la velocidad de adopción de nuevas soluciones Fintech, sino por la capacidad de construir infraestructuras que soporten diversidad, escala y resiliencia de forma simultánea.
En este contexto, las cooperativas no representan un segmento marginal ni un caso particular. Funcionan como uno de los mejores indicadores de si la infraestructura financiera de la región está evolucionando hacia un modelo verdaderamente inclusivo y sostenible, o si continúa replicando estructuras pensadas para un ecosistema que ya no existe.