El financiamiento colaborativo de inversión ya será una actividad regulada en la República Dominicana luego de que la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) aprobara, mediante la resolución R-CNMV-2025-27-MV, el proyecto de reglamento que determinará cómo estas operaciones deben proceder en el mercado de valores local.
Esta modalidad de inversión -conocida en inglés como crowdfunding- representa toda actividad por la cual las sociedades comerciales constituidas en el país se conectan con inversionistas, tanto a través de un intermediario de valores, como de una plataforma de financiamiento colaborativo, a fin de obtener recursos por intermedio de la emisión de valores.
El Reglamento para el Financiamiento Colaborativo de Inversión tiene por objetivo reglamentar esta actividad cuando se efectúa a través de la emisión de valores de oferta pública, además de desarrollar los requisitos que regirán el proceso de autorización e inscripción de estas emisiones en el registro del mercado de valores.
Hasta entonces, el ordenamiento jurídico dominicano carecía de un instrumento que regulara el financiamiento colaborativo de inversión, por lo que el reglamento se convierte en una herramienta necesaria para instaurar un régimen regulatorio que facilita la participación de emisores no tradicionales, como las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el mercado de valores.
La norma se aplicará a todas las sociedades administradoras de mecanismos centralizados de negociación que se constituyan, o busquen constituirse, con el único objetivo de administrar plataformas de financiamiento colaborativo en el país, actividad que solo podrá ser desarrollada por estas entidades.
Hasta ahora, solo la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana (BVRD) figura como sociedad de este tipo dentro de los actores que conforman el ecosistema de valores en el país, según el registro de la SIMV.
Sin embargo, el reglamento también somete a las formalidades de su aplicación a las entidades que participan de estas operaciones, como los emisores de valores de financiamiento colaborativo, los intermediarios y los depósitos centralizados de valores.
Para que el crowdfunding sea parte del ecosistema formal del mercado dominicano, estas plataformas deberán ser administradas bajo el esquema de bolsa de valores que sea autorizado por el Consejo Nacional del Mercado de Valores y posteriormente inscritas en el registro del mercado de valores.
El reglamento fija un proceso de autorización en dos fases para las sociedades que administren estas plataformas: una primera etapa de evaluación legal y una segunda de evaluación operativa que incluye requisitos tecnológicos, de gobierno corporativo y de gestión de riesgos.
El documento excluye todas las actividades de financiamiento colaborativo en el que las empresas obtienen financiamiento por vía de préstamos, así como aquellas fruto de una donación, en las que no existe ninguna obligación de la persona que solicita los recursos de devolver el monto económico exigido.
El financiamiento colaborativo de inversión ya será una actividad regulada en la República Dominicana luego de que la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) aprobara, mediante la resolución R-CNMV-2025-27-MV, el proyecto de reglamento que determinará cómo estas operaciones deben proceder en el mercado de valores local.
Esta modalidad de inversión -conocida en inglés como crowdfunding- representa toda actividad por la cual las sociedades comerciales constituidas en el país se conectan con inversionistas, tanto a través de un intermediario de valores, como de una plataforma de financiamiento colaborativo, a fin de obtener recursos por intermedio de la emisión de valores.
El Reglamento para el Financiamiento Colaborativo de Inversión tiene por objetivo reglamentar esta actividad cuando se efectúa a través de la emisión de valores de oferta pública, además de desarrollar los requisitos que regirán el proceso de autorización e inscripción de estas emisiones en el registro del mercado de valores.
Hasta entonces, el ordenamiento jurídico dominicano carecía de un instrumento que regulara el financiamiento colaborativo de inversión, por lo que el reglamento se convierte en una herramienta necesaria para instaurar un régimen regulatorio que facilita la participación de emisores no tradicionales, como las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el mercado de valores.
La norma se aplicará a todas las sociedades administradoras de mecanismos centralizados de negociación que se constituyan, o busquen constituirse, con el único objetivo de administrar plataformas de financiamiento colaborativo en el país, actividad que solo podrá ser desarrollada por estas entidades.
Hasta ahora, solo la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana (BVRD) figura como sociedad de este tipo dentro de los actores que conforman el ecosistema de valores en el país, según el registro de la SIMV.
Sin embargo, el reglamento también somete a las formalidades de su aplicación a las entidades que participan de estas operaciones, como los emisores de valores de financiamiento colaborativo, los intermediarios y los depósitos centralizados de valores.
Para que el crowdfunding sea parte del ecosistema formal del mercado dominicano, estas plataformas deberán ser administradas bajo el esquema de bolsa de valores que sea autorizado por el Consejo Nacional del Mercado de Valores y posteriormente inscritas en el registro del mercado de valores.
El reglamento fija un proceso de autorización en dos fases para las sociedades que administren estas plataformas: una primera etapa de evaluación legal y una segunda de evaluación operativa que incluye requisitos tecnológicos, de gobierno corporativo y de gestión de riesgos.
El documento excluye todas las actividades de financiamiento colaborativo en el que las empresas obtienen financiamiento por vía de préstamos, así como aquellas fruto de una donación, en las que no existe ninguna obligación de la persona que solicita los recursos de devolver el monto económico exigido.
El financiamiento colaborativo de inversión ya será una actividad regulada en la República Dominicana luego de que la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) aprobara, mediante la resolución R-CNMV-2025-27-MV, el proyecto de reglamento que determinará cómo estas operaciones deben proceder en el mercado de valores local.
Esta modalidad de inversión -conocida en inglés como crowdfunding- representa toda actividad por la cual las sociedades comerciales constituidas en el país se conectan con inversionistas, tanto a través de un intermediario de valores, como de una plataforma de financiamiento colaborativo, a fin de obtener recursos por intermedio de la emisión de valores.
El Reglamento para el Financiamiento Colaborativo de Inversión tiene por objetivo reglamentar esta actividad cuando se efectúa a través de la emisión de valores de oferta pública, además de desarrollar los requisitos que regirán el proceso de autorización e inscripción de estas emisiones en el registro del mercado de valores.
Hasta entonces, el ordenamiento jurídico dominicano carecía de un instrumento que regulara el financiamiento colaborativo de inversión, por lo que el reglamento se convierte en una herramienta necesaria para instaurar un régimen regulatorio que facilita la participación de emisores no tradicionales, como las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el mercado de valores.
La norma se aplicará a todas las sociedades administradoras de mecanismos centralizados de negociación que se constituyan, o busquen constituirse, con el único objetivo de administrar plataformas de financiamiento colaborativo en el país, actividad que solo podrá ser desarrollada por estas entidades.
Hasta ahora, solo la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana (BVRD) figura como sociedad de este tipo dentro de los actores que conforman el ecosistema de valores en el país, según el registro de la SIMV.
Sin embargo, el reglamento también somete a las formalidades de su aplicación a las entidades que participan de estas operaciones, como los emisores de valores de financiamiento colaborativo, los intermediarios y los depósitos centralizados de valores.
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El documento excluye todas las actividades de financiamiento colaborativo en el que las empresas obtienen financiamiento por vía de préstamos, así como aquellas fruto de una donación, en las que no existe ninguna obligación de la persona que solicita los recursos de devolver el monto económico exigido.
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